Estimado Paco:

 

Valoro su candidatura como una oportunidad de ampliar el espectro de la izquierda y el progresismo que parecerían haber sido acaparados, por lo menos desde el discurso, por Alianza País. Sin embargo, identifico en su propuesta una idea preocupante que, además, coincide con la del candidato de la derecha, Guillermo Lasso. Me refiero específicamente a su visión sobre el rol de las Fuerzas Armadas y el rechazo al cuestionamiento de la institucionalidad militar planteada desde el gobierno actual, principalmente en cuanto al sometimiento al poder civil, la búsqueda de reducir ciertos privilegios al interior de la institución, la judicialización de los casos de la Comisión de la Verdad y otras violaciones de derechos humanos.

La Constitución del Ecuador señala el papel de las Fuerzas Armadas como obedientes y no deliberantes. Esto significa que están sometidas al poder civil del gobierno electo. Rafael Correa materializó este mandato nombrando por primera vez a un civil, y mejor aún, una mujer como Ministra de Defensa. Esta responsabilidad, que terminó abruptamente por un trágico accidente, se mantuvo como política estatal. Resultan evidentes las tensiones e incomodidades causadas en la institución castrense. A este malestar se sumó la reducción de privilegios de los que gozaban miembros del Ejército y la Policía Nacional. Esta política empezó con los cambios que introdujo la Ley Orgánica de Servicio Público (uno de los elementos que desató el fatídico 30S) y se mantuvo durante todo el gobierno actual, teniendo como episodio reciente la disputa alrededor de los cambios en el Sistema de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISSFA.

Creo que es necesario preguntarle: ¿Mantendría la sana política adoptada por este gobierno de mantener un civil como principal en el Ministerio de Defensa? ¿Cuál será su política frente a los privilegios que recibían las FFAA? ¿Revertirá los cambios en el ISSFA que hizo este gobierno?

La coincidencia de su postura con la de Lasso resulta preocupante cuando la visión que comparten tiene como fundamento justificar la presencia de la cúpula militar y varios ex generales en servicio pasivo a la audiencia de juzgamiento que, por delito de lesa humanidad, se sigue contra un grupo de exmilitares y policías, por los abusos cometidos en contra de militantes del Alfaro Vive Carajo. Esto sin duda es una medida de presión absolutamente ilegítima desde cualquier punto de vista en una democracia.

La Comisión de la Verdad realizó un análisis de las graves violaciones a los derechos humanos entre 1984 y 2008. Como resultado de ese trabajo, la Fiscalía General del Estado lleva el proceso de judicialización de casos en los que se asigna responsabilidad a militares y policías en servicio pasivo utilizando la figura del delito de lesa humanidad en el caso de torturas de ex integrantes del movimiento Alfaro Vive Carajo. En una entrevista que le hizo Diario El Comercio, usted entendió la presencia de la cúpula militar como respuesta a una persecución a la institución a través de la Comisión de la Verdad, a la que denominó “una comisión política” que habría dictado un “informe político”. Negó la existencia de un proceso sistemático o generalizado en contra de la población civil y negó la existencia de una práctica común de tortura. De igual manera en una publicación de su muro de Facebook desestima la existencia de la figura del delito de lesa humanidad, argumenta que tanto el Ejército como la Policía actuaron de forma legal y califica el proceso que se lleva adelante como un plan de desprestigio de la institución. Su discurso es el mismo que utilizara el candidato Guillermo Lasso en varias entrevistas y discursos ¿Desecharía el trabajo realizado por la Comisión de la Verdad? o ¿Sería usted capaz de mantenerse imparcial y no presionar a la justicia en los casos que lleva adelante la Comisión de la Verdad?

Me preocupa que en su plan de gobierno, las referencias al rol de las Fuerzas Armadas son escasas. Cuando aparecen, señala textualmente: La permanente manipulación e irrespeto de la Fuerza Pública ha llevado a una pérdida de la personalidad institucional de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Los roles inestables y la pérdida de funciones conllevan una baja en la eficiencia en el servicio, pese al evidente gasto. La seguridad ciudadana se ha visto afectada crecientemente por la presencia de nuevas amenazas, en particular el narcotráfico. Por ello, es preciso definir una nueva forma de relación cívico-militar necesaria para esta nueva etapa de la seguridad, fuera de la manipulación de los roles institucionales.

Nuevamente coincide con el candidato de la derecha, pues parece victimizar a la institución militar. Me pregunto ¿en qué consiste esta nueva forma de relación cívico militar que propone? ¿Acaso plantea que la sociedad civil vuelva a tener a las Fuerzas Armadas como los “´árbitros de la democracia”, papel que equivocadamente mucha gente invoca, pretendiendo que sean estos quienes intervengan cuando un gobierno civil nos disgusta?

Su posición frente a estos gravísimos hechos me preocupa. Me parece que su calidad de ex General del Ejército no le permite asumir la gravedad de defender la posición que asumieron los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Por eso le pregunto, ¿queda claro para usted el valor que tiene la independencia judicial de toda injerencia o medida de fuerza que pretenda torcer su accionar y sus decisiones?

Creo que deslegitimar el trabajo de la Comisión de la Verdad (otra triste coincidencia con Lasso) no es coherente con una posición democrática, progresista y de defensa de los derechos humanos. Creo que desconoce que el derecho a la verdad de las víctimas y sus familiares es fundamental y lo reconocen todos los organismos universales y regionales de derechos humanos. ¿No cree que su posición pone en juego el mandato constitucional del sometimiento de las Fuerzas Armadas al poder civil?

Todo lo anterior me genera incertidumbre sobre qué papel desempeñarían las Fuerzas Armadas si usted llegase a ser electo Presidente. ¿Sería capaz usted de desprenderse de su calidad de ex general de las Fuerzas Armadas para ejercer el control del respeto irrestricto de los derechos humanos tanto dentro como fuera de la institución?

Considero que es importante que el país conozca sus respuestas sobre estos puntos.

  • Galo Vazquez

    Lo pasado pisado. Si se va a “limpiar” el pasado de los atropellos a los derechos humanos cometidos en aquellos contextos y poner presos a sus autores, pues en simultáneo, también tendría que establecerse otra comisión de la verdad para sanear aquello que va a la par, todas las fortunas mal habidas adquiridas en esos contextos, recuperarlas y meter presos a sus actuales poseedores. Una tarea que desgasta obviamente, hasta contraproducente para los intereses sociales presentes porque nos embarrilaría en la violencia de la guerra civil.

    Interesante sería enfocar las aspiraciones a encontrar la verdad si y difundirla para que se sepa y nos deje la lección pero hasta ahí nomás. En simultáneo a encontrar las medidas acertadas para que los grotescos atropellos a los derechos humanos, que incluye a los usuales robos y despilfarros de los recursos públicos (los que superarían con creces al total de robos de los recursos privados, cometidos por el total de presos existentes en el total de prisiones en el país), en adelante no se vuelvan a cometer, para así, socialmente disfrutar de sus enormes beneficios y eso es tarea de equipo, de la indispensable incidencia de la participación ciudadana en la administración pública.

    A lo que tendríamos que encausar los esfuerzos colectivos, justamente para que no se vuelva a repetir todo aquello que nos tiene lamentando, denunciando y protestando, con hambre y sed de justicia, sólo entonces para disfrutar de lo socialmente saludable. Tengamos un buen 2017.