En Latinoamérica hay una verdad incómoda: casi todos los que han tenido un cargo público relevante en los últimos 30 años ha tratado con la constructora brasileña Odebrecht. Alguna vez una de las empresas más importantes del continente, hoy caída en desgracia, Odebrecht toca de una u otra forma a algunos de los ocho binomios presidenciales del Ecuador. Su reputación se ha deteriorado aún más desde el 21 de diciembre del 2016: ese día, la Justicia de Estados Unidos hiciera pública una investigación sobre supuestos sobornos que habría dado Odebrecht a funcionarios públicos de varios países para obtener contratos de obras. En el caso ecuatoriano se reveló que la constructora habría pagado coimas por un total de treinta y tres millones y medio de dólares para obtener contratos suscritos entre el 2007 y 2016, período que coincide con el gobierno de Rafael Correa. En el Ecuador, el 17 de enero de 2017, diario Expreso publicó una nota en la aparecía una lista de lo que se suponía eran pagos ilegítimos hechos por la misma empresa en la década de 1980. En la lista aparecía el nombre del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, que negó las acusaciones. Ambos hechos muestran que Odebrecht ha estado presente en la historia política contemporánea del Ecuador —y los binomios que corren por la Presidencia de la República también guardan vínculos con la constructora acusada de sobornos en todo el mundo.

Lenin Moreno – Jorge Glas

La dupla de la lista 35, el partido que ha gobernado hace diez años, tiene vínculos contractuales con Odebrecht. La relación entre el gobierno de Alianza País y la empresa brasileña ha sido de altibajos.

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En 2008, el presidente Rafael Correa llevaba un año en su cargo, y Odebrecht tenía cinco contratos vigentes: Central Hidroeléctrica San Francisco, Baba, Carrizal-Chone, Toachi-Pilatón y Aeropuerto de Tena, valorados en 800 millones de dólares. En esa época Lenin Moreno, hoy candidato a la presidencia por el Movimiento País, era el vicepresidente de Correa, y Jorge Glas, hoy candidato a vicepresidente de Moreno, manejaba los sectores estratégicos —definidos en la Constitución de Monstecristi como aquellos que por su trascendencia tienen influencia decisiva en ámbitos económico, social, político o ambiental— ejercía la presidencia del Fondo de Solidaridad, entidad estatal encargada de manejar las empresas de electricidad y telefonía pública. Entre los proyectos destacados, estaba la Central Hidroeléctrica San Francisco, que apenas siete meses después de su inauguración presentó una falla electromecánica y daños en el túnel de conducción de agua producto del paso de escombros, que a su vez desembocaron en daños en las turbinas de generación. Eso provocó la suspensión parcial de la Hidroeléctrica apenas siete meses después de su inauguración, lo que motivó a Correa a expulsar a la empresa brasileña en septiembre de ese mismo año.  Lo hizo a través del Decreto Ejecutivo 1348.

Las fechas de la paralización en San Francisco coinciden con las que se publica en el documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos. “Por ejemplo, entre 2007 y 2008, Odebrecht experimentó una serie de problemas relacionados a un contrato de construcción y acordó, a través de un intermediario, hacer pagos corruptos a un funcionario del gobierno ecuatoriano con control sobre los contratos públicos, para resolver los problemas” —dice el informe de la Secretaría para relaciones exteriores estadounidense— “Posteriormente Odebrecht entregó esos pagos en efectivo al funcionario del gobierno”.

El mismo año en que Odebrecht fue expulsada, el presidente Correa cuestionó al contrato para la Hidroeléctrica Toachi-Pilatón, ubicada en Santo Domingo de los Tsáchilas: “el contrato con Toachi-Pilatón, que lo hizo la Prefectura de Pichincha, en este gobierno, con esa Odebrecht tiene los mismos horrores que el contrato de San Francisco; así que lo mandamos a cortar”. A pesar de estas declaraciones y la postura que asumió el gobierno, en 2011 Odebrecht regresó al país con más contratos, entre ellas, el primero y segundo tramo de la Ruta Viva de Quito (una obra municipal en la administración del gobiernista Augusto Barrera), el Trasvase Daule-Vinces, el relleno de la Refinería del Pacífico, la Central Hidroeléctrica Manduriacu, y varias otras, cuyo detalle se puede encontrar en el sitio web de la compañía.  Según varias notas de prensa de  Plan V y diario El Universo , el presidente de Brasil, Luis Inacio Lula Da Silva, intercedió para el retorno de la gigante brasileña. Como condición para concretar su vuelta, se firmó un Convenio de Transacción entre Hidropastaza —a cargo de San Francisco— y  Odebrecht. Mediante este documento, la compañía se comprometió a reparar las fallas de San Francisco, a pagar 20 millones de dólares por las pérdidas ocasionadas por la paralización de la planta, imputable a las ocho glosas que por 70 millones de dólares estableció la Contraloría. El gobierno, por su parte, aceptaba dejar insubsistentes dichas glosas y suspendía todas las acciones judiciales en cortes nacionales e internacionales que se habían iniciado en contra de la compañía. Todo esto, con la autorización del Procurador del Estado. Por ejemplo, una de las glosas —identificada como 5882— determinaba un perjuicio total al Estado de cerca de cincuenta y cuatro millones por los daños en la infraestructura de la hidroeléctrica, el pago a Odebrecht de un bono por la entrega adelantada de la central y la afectación económica por su paralización.

Luego de la reconciliación con el gobierno de Correa, Odebrecht se convirtió en una de las principales contratistas del Estado ecuatoriano. En 2013 —año de elecciones, en el que Jorge Glas fue elegido Vicepresidente— se ubicó en el primer puesto del ranking con la adjudicación de 441 millones de dólares según datos del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), información publicada por el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES).

Entre 2013 y 2017, Odebrecht siguió construyendo en el Ecuador. Una de las obras que se le adjudicó fue el Acueducto La Esperanza, con un tramo de 93 kilómetros que van desde el cantón Bolívar hasta la Refinería del Pacífico en Manabí. Ese contrato representó 260 millones de dólares según lo publicó Diario El Telégrafo. El presupuesto referencial fue, sin embargo menor: 168 millones 877 mil 126 dólares (sin IVA), como lo publicó Diario El Universo en septiembre de 2015. Esa nota de prensa decía que se habían presentado otras ofertas menores a las de Odebrecht: Sinohydro Corporation Engineering, por 169 millones y el Consorcio Kayson-Falatsaz, por 167 millones. El 22 de diciembre de 2015 también fue inaugurado el proyecto de riego Daule-Vinces, la obra de regulación hídrica más grande del Ecuador y de América Latina, según el sitio web de Odebrecht. El portal Plan V publicó, en febrero de 2016, un reportaje sobre el incremento de precio en dicha obra. Según la información de ese medio, el contrato habría sido adjudicado el 30 de abril del 2012, por más de 190 millones de dólares y con un plazo de ejecución fue de 840 días calendario: dos años y tres meses. Tres años y medio después, en el discurso de inauguración, el propio presidente Correa dijo que la inversión de la obra superaba los 352 millones —información corroborada por el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos—: un incremento del 184%. Se pueden ver otras obras ejecutadas en ese período en el sitio web de la compañía.

La primera reacción luego del estallido del escándalo en diciembre de 2016 fue del Secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera. En una rueda de prensa recordó que fue el gobierno de Correa quien expulsó a Odebrecht en 2008. Lo que no dijo es que ese mismo gobierno la trajo de regreso y que a pesar de la expulsión, la compañía ha tenido a su cargo obras emblemáticas durante ese gobierno.

Los primeros días de febrero de 2017, Carlos Pareja Yanuzelli, exfuncionario del gobierno de Rafael Correa, aseguró que este gobierno ha firmado contratos por 600 millones de dólares con Odebrecht solo en Petroecuador. Pareja está actualmente implicado en un escándalo de corrupción en Petroecuador y está prófugo de la justicia ecuatoriana. En una entrevista otorgada a un equipo de diario Expreso, Pareja hace referencia a la Refinería del Pacífico y dice: “Llegar a los nombres de Odebrecht en Ecuador es más fácil que la tabla del uno”: dice que para eso solamente es necesario saber quién firmó el contrato, quién era parte del directorio a la firma del contrato, las comisiones técnicas, el fiscalizador y administrador del contrato. Sin embargo, Pareja no entregó pruebas de estas afirmaciones al punto que Expreso decidió no publicar la entrevista.

Dalo Bucaram – Ramiro Aguilar

Ramiro Aguilar, candidato a la vicepresidencia por Fuerza Ecuador (FE) fue abogado de Odebrecht, como lo confirmó él mismo en su cuenta de Twitter en agosto de 2015. En una entrevista dijo que  nunca tuvo relación de dependencia, que era un colaborador externo durante aproximadamente quince años. Explicó, además, que su relación laboral terminó antes de febrero de 2013, cuando ganó un puesto en la Asamblea Nacional por Movimiento SUMA. “Después de ser asambleísta no he recibido un centavo de nadie”.

Aguilar es abogado penalista y dice que su asesoría se dio exclusivamente en ese ámbito. “Como yo no era abogado corporativo, nunca estuve en los procesos de negociación de la compañía, ni tampoco estuve en los procesos de licitación porque mi firma de abogados no ofrece servicios de contratación pública”. Cuando se produjo el problema en San Francisco (que generó la expulsión de 2008), se iniciaron trámites para un juicio contra varios ejecutivos y trabajadores de Odebrecht. Aguilar defendió a algunos, entre ellos, a José Santos, uno de los más altos ejecutivos de la compañía brasileña. No tiene muy claros todos los detalles, pero hace un relato de lo que sí recuerda. “Unos dos o tres años antes, yo había dejado de ser un abogado activo de la compañía”. Asegura que retomó su relación laboral en la época en que el gobierno resolvió expulsar a la constructora. “Recibo una llamada de José Santos, que era una de las personas que estaba, que había dirigido el proyecto San Francisco, que estaba él trabajando en Angola” —cuenta Aguilar— “y él me dice: mira, Ramiro, yo no puedo tener un problema penal porque yo viajo, mi esposa vive en Miami, yo tengo mi trabajo en Angola, voy a Brasil. Entonces una orden de prisión nacida en Ecuador, me coge en un aeropuerto internacional y me complica: resuélvenos el problema”. Aguilar dice  que viajó a Sao Paulo, revisó el tema y les dijo que debían reparar la obra.

Según recuerda, los funcionarios de Odebrecht le hicieron caso: abrieron las negociaciones con el Estado ecuatoriano, pero él no participó: “No era mi área de expertise. Yo no soy un negociador, yo soy un litigante”. Mientras el juicio estuvo abierto, hubo órdenes de prisión preventiva que después se sustituyeron por presentarse ante los jueces cada cierto tiempo. Una vez que la compañía llegó a un acuerdo con el Estado —explica Aguilar más como abogado y menos como candidato— el peculado se terminó porque se repusieron los fondos en conflicto. “Hay varios fallos de la Corte Suprema de Justicia que dicen que cuando se resarce el perjuicio, no hay peculado, porque el peculado es abuso de fondos públicos”. El juicio terminó, Odebrecht regresó. “Les defendí, les sobreseyeron, porque tenían que sobreseer si ya se había llegado a un acuerdo con el Estado.” Aguilar tampoco recuerda cuántos eran los que fueron a juicio. “Eran un montón”, dice. “Yo fui abogado del José y unos dos o tres brasileros más, no me acuerdo quiénes”. El juicio terminó y —dice el binomio de Abdalá Bucaram Pulley— esa fue la última vez que tuvo vínculo profesional con Odebrecht. Sin embargo, Aguilar hace una aclaración: no terminaron del todo la relación, pues su socia atendió un par de veces más a la compañía “más bien cosas de carpintería”.

Aguilar no cree que habría un conflicto de intereses si llegara a ganar las elecciones y se tuviera que investigar a Odebrecht y las supuestas coimas entregadas a funcionarios. “Los abogados no somos amigos de nuestros clientes, somos abogados”, dice. Agrega que él sería Vicepresidente, no fiscal ni juez. “La función Ejecutiva no les va a juzgar, la función Ejecutiva lo que tiene que hacer es abrir los archivos de todos los procesos de licitación para que la Fiscalía y los jueces revisen todos los procesos”, concluye.

Cynthia Viteri – Mauricio Pozo

Cynthia Viteri y Mauricio Pozo, binomio postulado por el Partido Social Cristiano, no han tenido una relación directa con Odebrecht. Sin embargo, las operaciones de la constructora brasileña se iniciaron precisamente durante un gobierno socialcristiano, el de León Febres-Cordero, en 1987.

En enero de 2017, diario Expreso publicó un reportaje sobre los vínculos que Odebrecht habría tenido con distintos políticos ecuatorianos. Eran dieciocho nombres identificados en una lista con seudónimos como Secreto 1, Secreto 2, Grosso, Matraca, Banco, Nipón, entre otros. Se incluía, además, la letra inicial y la letra final del nombre. Este listado habría sido levantado por Concepción Andrade, secretaria del departamento de coimas de la empresa brasileña desde 1987 hasta 1992. Andrade le dijo al diario que “los que constan en el listado recibían sobornos de Odebrecht”. Esta lista corresponde a un período muy anterior al que hace referencia el Departamento de Justicia de Estados Unidos (2007-2016), sin embargo es una muestra de los alcances de Odebrecht en distintos gobiernos.

El asambleísta desafiliado del movimiento País, Christian Viteri, publicó en su cuenta de Twitter los nombres completos de la lista. Entre ellos estaban varios miembros del Partido Social Cristiano: Jaime Nebot, Alcalde de Guayaquil, identificado en el documento como Matraca; Hains Moller como Advogado 2 —ese parece ser el nombre, mal escrito, de Heinz Moeller, quien fue Ministro de Gobierno de León Febres Cordero y Canciller durante el gobierno de Gustavo Noboa—; Charlie Parrejo, Secreto 1, podría tratarse de Carlos “Charlie” Pareja Cordero, Secretario de la Presidencia en el gobierno de León Febres-Cordero. Pareja es primo de Carlos Pareja Yanuzelli y  está también vinculado a la corrupción en Petroecuador destapada por Panama Papers, y tiene orden de prisión  por el presunto delito de lavado de activos.

Heinz Moeller reaccionó con sorpresa cuando vio su nombre en la lista. Le dijo a diario Expreso: “Nunca, en el desarrollo de mi vida profesional, he recibido pago u honorarios que no podrían ser, pago irregular de ninguna especie, ni en el ejercicio privado ni en el ejercicio público, jamás…”. Desde su cuenta de Twitter, Jaime Nebot negó haber recibido dinero de Odebrecht y se presentó además ante la Fiscalía del Guayas para “ponerse a disposición” en caso de que se abra una investigación sobre el tema.

Jaime Nebot es el caudillo del Partido Social Cristiano. Es muy cercano a la candidata presidencial Cynthia Viteri: fue él quien la propuso para las elecciones de 2017. Cuando anunció su precandidatura en junio de 2016, Nebot dijo “Cynthia es mejor candidata que yo”. Ella también suele expresarse con admiración y agradecimiento hacia un personaje que podría ser considerado su mentor dentro de las filas socialcristianas. Tanta es la simbiosis que en los carteles de propaganda que se ven en el Puente de la Unidad Nacional sobre el río Guayas, debajo de la foto del binomio Viteri-Pozo aparece una imagen del Alcalde de Guayaquil.

Guillermo Lasso – Andrés Paéz

Los aspirantes a presidente y vicepresidente por el Movimiento Creo tampoco están vinculados directamente con Odebrecht. Sin embargo, les salpica su alianza con Suma, organización liderada por el Alcalde de Quito, Mauricio Rodas.

Cuando se difundió la información sobre la red de corrupción de Odebrecht que aludía a empleados públicos en funciones durante el gobierno de Correa, el ejecutivo intentó desviar las miradas. El Secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, se pronunció plantando sospechas hacia la Municipalidad. “El gobierno nacional no es el más grande contratante de Odebrecht, el más grande contratante de Odebrecht es el Municipio de Quito, que ha tenido dos grandes contratos: el de la Ruta Viva y el del Metro, que está en ejecución”, dijo el 22 de diciembre. Ese mismo día y, mediante un comunicado oficial, la Alcaldía se defendió diciendo que la construcción de la Ruta Viva, en sus fases I y II, fue adjudicada y suscrita por la administración municipal de Augusto Barrera,  exalcalde de Quito y militante del  oficialista Movimiento País. “Durante la administración de Augusto Barrera se diseñaron los términos de referencia, al igual que los pliegos, y se calificó a los cuatro consorcios finalistas, entre ellos al consorcio hispano-brasileño Acciona-Odebrecht, que resultó ganador. En la actual administración se adjudicó y se firmó el contrato con el referido consorcio, en virtud de haber presentado la oferta económica más baja.” Enseguida, a través de su cuenta de Facebook, Barrera respondió: dijo que la recepción de las ofertas, la selección, negociación, adjudicación y firma del contrato fue asumida por la nueva administración que suscribió el contrato el 26 de noviembre de 2015, más de un año y medio después de su salida.

A este intercambio de acusaciones, se sumó la detención de Mauro Terán, asesor sin nombramiento de Rodas, acusado de fraude fiscal. Esto ocurrió el 6 de enero de 2017, pocos días después del inicio de la campaña electoral. En las cuentas de Terán se detectaron movimientos bancarios por seis millones de dólares sin que pudiera justificarlo. Sin embargo, desde el gobierno central se menciona otra tesis: que el crecimiento económico del hombre cercano a Rodas “coincide con las fechas de contratación del Metro”, obra adjudicada en el 2015 al Consorcio Acciona-Odebrecht por  más de dos mil millones. Lo dijo María José Carrión, Presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, y candidata a la reelección por el Movimiento País, quien además presentó el 18 de enero los movimientos migratorios del Alcalde y algunos de sus colaboradores. Para ella, esos son “indicios del cometimiento de un delito”, pues asegura que allí se registran viajes a Brasil. “Esto teniendo en cuenta que hay contratos millonarios firmados con Odebrecht”, agregó la asambleísta al presentar la denuncia ante la Fiscalía.

Previo a esto, el Alcalde de Quito presentó un informe de Contraloría como descargo. Tiene fecha 27 de diciembre de 2016 y concluye que  durante la administración de Barrera se aprobó un presupuesto para el metro subvalorado: 490 millones menos que el costo real de la obra. Fuera de esto, ha evitado dar explicaciones, incluso ante el Concejo Metropolitano. El remate fue el  anuncio que hizo el 25 de enero, cuando dijo que únicamente dará respuestas sobre el tema a las autoridades competentes. No a los ciudadanos, ni tampoco a la prensa.

La Contraloría mientras tanto dispuso la ejecución de exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales juradas presentadas por funcionarios del Municipio de Quito desde 2009, incluidas las de Rodas.

Washington Pesántez – Alex Alcívar

El candidato a Presidente de la República por las listas 19, Washington Pesántez, tuvo también un papel en la relación entre el Estado y Odebrecht. Pesántez era Fiscal General de la Nación cuando el Fiscal Provincial de Tungarahua Encargado, Francisco López Mayorga, se abstuvo de acusar a los funcionarios de la empresa brasilera que habían estado relacionados a los problemas en la Hidroeléctrica San Francisco. Si bien esto sucedió luego de que se firmara el Convenio de Transacción mediante el cual la empresa se comprometía a resarcir los daños en San Francisco, un exfuncionario de la Fiscalía en la época en que era dirigida por Pesántez dijo que el fiscal provincial tenía la potestad de acusar si consideraba que el perjuicio al Estado era superior a la compensación ofrecida por Odebrecht. Si éste se abstenía, aún quedaba la posibilidad de que el Fiscal General los acusara. Sin embargo, la decisión de López Mayorga se mantuvo y los funcionarios salieron del país, y la compañía volvió.

Patricio Zuquilanda – Johny Jorgge Álava

Odebrecht fue también contratista del Estado durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, en el que Patricio Zuquilanda fue canciller. Aunque la adjudicación de la Hidroeléctrica San Francisco fue hecha en el gobierno de Gustavo Noboa, fue bajo el mandato de Gutiérrez que comenzaron los trabajos y que se le entregó los derechos de operación de la planta durante 30 años, según lo publicado por Diario El Universo. En ese mismo gobierno se entregó a Odebrecht el contrato para la construcción del Aeropuerto de Tena. Según un reportaje de Visión 360, la obra costó 48 millones 800 mil dólares y las únicas rutas aéreas que hay son a Quito, tres veces por semana.

Plan V publicó además que Fernando Santos Reis, ejecutivo de Odebrecht fue un asesor influyente en el gobierno de Lucio Gutiérrez, con un sueldo de 25 mil dólares más comisiones por contrato.

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Los dos candidatos que no tienen vínculos con Odebrecht son el mayor y el más joven de la papeleta. Iván Espinel tuvo una corta trayectoria pública como funcionario del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social durante el gobierno de Rafael Correa. Dejó el cargo en diciembre de 2014 y desde entonces se ha dedicado a promover Fuerza Compromiso Social, el movimiento político que fundó. Por su parte, Paco Moncayo, que fue alcalde de Quito entre 2000 y 2009, no contrató con Odebrecht durante su administración. Su partido, la Izquierda Democrática, que gobernó entre 1988 y 1992  tampoco firmó contratos con la constructora brasileña. Sin embargo Odebrecht ha sido un pulpo transnacional que ha dejado su marca en muchísimos recodos de la región —incluida la papeleta presidencial ecuatoriana de 2017.