Estimado Dr. Pesantez:

En los últimos años los gobernantes de América Latina y, concretamente, del Ecuador ya no son los de antes: ya no es el clásico profesional, graduado de una facultad de derecho, quien está predeterminado a regentar la voluntad general de nuestros pueblos. He analizado su discurso como candidato a la Presidencia y es aquí, precisamente, donde siento que deviene ese “hombre de las leyes” que trata de resumir los problemas y soluciones de la sociedad y del Estado en una mera cuestión jurídica. Usted usa su experiencia de servidor judicial y profesor de leyes como el capital político más importante. En ambos casos, la confianza que deberíamos tenerle se vería envuelta en los éxitos profesionales que ha exaltado de sí pero que poco conocemos a profundidad.

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Por ejemplo, no conozco —de su experiencia como docente— una investigación académica u obra jurídica de mínima relevancia para el país (si es un problema de información, le pido me envíe el nombre de la obra y el código ISSN). En la vida universitaria —que tanto espacio ha ocupado en su carrera— se trasciende no solo por el hecho de haber “dado clases” sino por la capacidad de dejar un legado escrito a través de publicaciones que traten de transformar las cosas en el mundo. La vida académica no es un escalafón del tiempo sino de acciones que deben permitir que los estudiantes sean mejores que los profesores.

En cambio su posición como servidor público —dentro del hemisferio experiencial como burócrata judicial— sí es conocida porque fue Fiscal General del Estado. Sin duda, su presencia en la máxima agencia de la investigación y acusación penal coincidió con los momentos de esplendor de la afamada reforma procesal penal, aquella que en el 2000 nació sin su legítimo contradictor: la Defensoría Pública. El crecimiento de la agencia fiscal de la que usted ha exaltado como parte de sus gestiones más afamadas, además de un alto impacto mediático tuvo una innegable expansión burocrática y de infraestructura, al punto de que Estados Unidos cedió el edificio de su embajada a la entonces matriz de su ex institución. El gran aparato que usted montó, sin embargo, no sirvió —según las estadísticas del actual gobierno— para reducir la tasa de homicidios, cifra que parecería que depende más del trabajo de la agencia policial que de otras instituciones, incluida la fiscalía.

Usted, el hombre de las leyes, resalta una vez más de sus propuestas de campaña: es el único candidato que propone la creación de una nueva Asamblea Constituyente a través de una consulta popular. Claro está, sin pasar por exigencia legal del denominado “control previo de constitucionalidad”, es decir, de la hoy obligatoria revisión de la Corte Constitucional. Además, se refuerza su rol como hombre de las leyes al exigir que esta asamblea esté conformada por juristas. De esta forma, su solución a la independencia de poderes comenzaría por la redacción de una nueva constitución, ligando los problemas económicos y políticos a una raigambre de índole legal.

En su propuesta central no es clara la transición para la independencia de poderes, comenzando obviamente por la función judicial. Parecería que la balanza de la Diosa Temis trataría de equilibrar sus aparentes salidas. Por una parte, usted se ha mostrado afín al método de cooptación y a la forma en cómo fueron designados los jueces durante el gobierno interino de Alfredo Palacio; por otra, usted también se ha mostrado afín al mantenimiento de los jueces actuales de la Corte Nacional de Justicia, siempre y cuando el pueblo lo decida en una consulta. De ser así, esta propuesta sería doblemente ambivalente, pues tanto la ruptura como la defensa del status quo le serían viables, además que para las cuestiones macro sí habría una nueva constituyente —es decir en la abstracción de la independencia de poderes—, mientras que para las micro —del cómo o del detalle judicial— no. De cualquier manera, la agenda sobre la independencia judicial es un eje en casi todas las propuestas de campaña de sus contendores, pero la suya no está clara.

Usted ha tachado la lentitud y sospechosa agilidad de algunos procesos judiciales dentro del gobierno. Por ello propone revivir su propuesta de cuando fue Fiscal General del Estado: la de “Ley de Extinción de Dominio”, una iniciativa proveniente de agencias internacionales como el GAFI, y que gozan también de una dura crítica al momento de respetar el debido proceso porque el contenido de este tipo de leyes es la pérdida de la propiedad privada de una persona que no pudo justificar, sin importar que se haya probado su rol dentro de otros crímenes como el narcotráfico. Así por ejemplo, si un panadero no puede justificar el origen de su incremento patrimonial porque no tiene facturas de la venta de su pan, bien puede perder su panadería y demás bienes. A decir verdad, este tipo de iniciativas no son de fácil conciliación dentro de un estado de derecho, porque no se exige la demostración previa y fehaciente de actividades ilícitas, sino la autónoma injustificación de un patrimonio incrementado. Y aún así, usted las propone.

Además, ha sido crítico sobre la desproporción de las penas, a pesar que usted fue uno de los principales opositores del denominado indulto a las “mulas” del narcotráfico promulgado en julio de 2008. Si sus recientes reflexiones pasan porque en la actualidad se es débil con los duros, en cambio, sus críticas en el pasado han sostenido la dureza con los débiles, porque en los delitos relacionados con las drogas la inmensa mayoría de detenidos no ostentan las posiciones de Pablo Escobar ni  del Chapo Guzmán.

Se siente en sus discursos que le incomoda la denominada Función de Transparencia como una de las fuentes que distorsiona la independencia judicial. Ha mencionado que el quinto poder es una “novelería pseudo-jurídica”; por ende, que se debe eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para dejar la clásica división de poderes.

Los calificativos y reflexiones jurídicas a los problemas y soluciones del país se diluyen en su propuesta socioeconómica. Es clara su posición ruralista que rescata y valora el trabajo en el campo y, asimismo, rechaza el crónico éxodo a la ciudad. Por ello, usted ha señalado al trabajo agrícola y artesanal como el lugar de los verdaderos emprendedores, un sustantivo que por cierto ha sido muy empleado por su rival Guillermo Lasso. Si para la izquierda el sujeto político y de la historia fueron los pobres, para el futuro de la derecha son los emprendedores o micro-empresarios al mejor estilo de las pymes, aterrizando la idea de que también es posible triunfar en la vida, aunque que sea en la misma clase social.

Mientras para otros gobiernos y candidatos la matriz productiva está en la ciencia y tecnología, para usted el núcleo sigue estando en el agro. Sin duda, es una necesidad con la que claramente coincidirían muchos de nuestros habitantes. Sin embargo, el hecho de que la “Revolución Ciudadana” no sea clara en su política de desarrollo rural sostenible, no quiere decir que todos los problemas del Ecuador se hallan en el campo. Por el contrario, los problemas de hoy pueden estar en las ciudades, lo que demuestra el salto de un país cada vez más urbano que rural. De ahí que su propuesta de “quedarse” en el campo, aún con capacitación y asistencia agrícola, pueda que no sea sostenible, pues al final no se trata de un problema de matriz o sustitución de cultivos, sino de sostenibilidad y subsistencia rural. Dicho en otras palabras, no entiendo por qué usted asocia lo rural con lo agrario, cuando en lo no-urbano pueden caber múltiples formas de subsistencia que sean más sostenibles frente al difícil sembrío tecnificado de papas, ¿no cree usted?

Asimismo, usted ha mostrado su crítica al desmantelamiento de las denominadas “escuelitas del campo”, como generadoras de la ruptura del tejido social y educativo de las comunidades. Parecería que estaría de acuerdo con el mantenimiento de las clásicas escuelas unidocentes, aquellas donde un mismo profesor debe enseñar desde matemáticas hasta estudios sociales, desde primer a sexto nivel. Creería que esta forma rudimentaria y desleal con la legítima superación del analfabetismo no es lo que usted pretende; de lo contrario, discrepo con su rara forma de volver al pasado, dentro de procesos educativos que hasta fueron superados por los “normalistas” de la mitad del siglo pasado. Si fuese así, le aseguro que a los grupos de poder, bien educados y con suficiencias de idiomas, les vendría como anillo al dedo su propuesta, perpetuando así la explotación sobre las deficiencias educativas de nuestros campesinos. Aquello, ¿no sería entonces una forma de huasipungo?

No cabe duda su innegable respaldo de las comunidades campesinas, en especial de aquellas que trataron de experimentar una rara asociación entre justicia indígena y defensa rural. En este sentido, ¿estaría usted dispuesto a legalizar un sistema de autodefensas del campesinado? De ser así, ¿de qué forma usted evitaría que la autoseguridad campesina degenere en una especie de paramilitarismo? Le recuerdo que un polémico ex presidente de Colombia —como gobernador del departamento de Antioquia— hizo exactamente eso a través de las denominadas ‘Convivir’, las cuales se convirtieron en las tristemente afamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Estoy seguro que en su calidad de ex Fiscal General del Estado sabe lo que significaron para nuestro hermano país.

Usted ha tachado de demagógicas muchas de las propuestas de sus contendores hacia Carondelet. Sin embargo, ¿cómo superaríamos la brecha fiscal con la exoneración de tres días del IVA cada mes, como usted propone?, ¿Cómo fomentaríamos el consumo de productos nacionales cuando el incentivo de la exoneración propuesta podría dirigirse al consumo de productos importados?

Usted ha señalado encarnar la “tercera vía” en Ecuador, una anacrónica denominación política francesa empleada en América Latina en tendencias de los cincuentas, como la de Víctor Raúl Haya de la Torre (APRA) en Perú, o de los noventas, como los de la “Concertación” en Chile. Incluso, la Izquierda Democrática en Ecuador no se jugó semánticamente tan así su posición política. Por ello, cuando usted señala el eslogan “Washington Pesantez: Ni los de hoy ni los de antes”, me quedan las dudas de su posición ideológica en contexto, pues usted ha sido pieza fundadora de este gobierno y ha gozado de la confianza del presidente Rafael Correa. Por ende, no me queda claro en especial la parte de “ni los de antes”.

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Para ser Presidente de la República no se necesitan títulos universitarios ni haberse vinculado burocráticamente al Estado. Se trata de un derecho que cualquier ciudadano puede aspirar, aún sin haber iniciado la primaria. Para mí, un presidente debe tener una clara posición ideológica permitiéndole al pueblo la libertad de elegirlo. No es un demérito ser vendedor del mercado ni taxista, pero sí encubrir la ideología. El éxito político —como requisito— se mide por el grado de vinculación social al momento de gestionar el aparato estatal. Valerse del bagaje experiencial, sea académico o burocrático, no es relevante para nuestra política. Pero, fundamentalmente, al pueblo hay que decirle quién es el candidato, sin temores populistas. La ideología y posición política son la mejor forma de hacer escrutinio público, pues en realidad la filosofía aristotélica del “tercero excluido” pueda que sea una forma de vender la mano izquierda cuando se quiere usar la derecha.